Colombia
Colombia: Corte Constitucional obliga a garantizar el derecho a la educación en las zonas rurales

10/04/2017



La ubicación geográfica de un/a niño/a no puede, bajo ningún supuesto, impedir el ejercicio pleno de ese derecho, ni mucho menos cargarlo, con imposiciones desproporcionadas para acceder y comparecer a las aulas

Por Adelaida Entanza, de la CLADE

El caso fue impulsado por la Personera Municipal*, dando seguimiento a una solicitud de un grupo de madres y padres de niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 13 años de edad residentes en Vereda La Cabaña (Municipal de El Paujil, Caquetá), quienes planteaban que sus hijos/as estaban expuestos/as a dificultades extremas de acceso a la educación, que generaban la deserción escolar, exposición cotidiana a riesgos para su integridad física y búsqueda de otros proyectos de vida.

Ello debido a que hace más de cuatro años los/as menores de edad no recibían clase en la escuela más cercana por falta de personal docente, razón por la cual debían emprender recorridos largos y riesgosos para acceder a los servicios educativos. Durante ese período varias niñas/os de la zona alcanzaron la mayoría de edad, tuvieron que inscribirse en internados o sus familias se vieron forzadas a buscar otros lugares de residencia, para asegurar su acceso a la educación.

Entre las dificultades, se señala que los/as menores se transportaban por ríos y pasos difíciles, y que para emprender el recorrido que día a día requerían hacer, debían salir de sus casas a las cinco y media de la mañana.

En la resolución del caso, la Corte señaló que “si bien es cierto que las áreas rurales y las urbanas, por la dinámica que engendra su geografía y su topografía, no tienen condiciones idénticas, ambas son y deben ser asumidas como escenarios de concreción de todos los derechos fundamentales”, y en tal sentido las autoridades públicas deben asegurar en todo su territorio la prestación de los servicios educativos, agregando que las dificultades geográficas de acceso no pueden excusar al Estado para prestar los servicios que internacional y constitucionalmente está obligado a proporcionar.

La sentencia señala a su vez que la efectividad y exigibilidad de los derechos no pueden estar condicionados por las condiciones que rodean a los niños y que la falta de acceso equitativo al sector educativo no solo compromete el derecho a la educación en el momento en que se presenta una barrera para entrar o permanecer en él. También supone efectos personales a mediano y largo plazo, que comprometen los derechos ligados a la libertad de configurar un proyecto personal de sí mismo sin interferencias u orientaciones ajenas al fuero interno de la persona (libre desarrollo de la personalidad).

En el texto se afirma que las autoridades del sector educativo comprometen los derechos de las niñas, niños y adolescentes que habitan una zona rural de difícil acceso, cuando condicionan la asignación docente a la cantidad de menores de edad y no diseñan estrategias sólidas para que, en caso de no ser posible el nombramiento de un/a profesor/a, los/as menores de edad tengan asegurado el transporte diario de ida y vuelta a su lugar de estudio, y que la vulneración de este derecho ocurre también cuando la gestión administrativa se limita a procesos formales que no dan cuenta de la demanda educativa real en esas zonas, desatendiéndola.

La decisión establece que la Gobernación del Caquetá y la Institución Educativa Rural Rafael Uribe deben asegurar la presencia de los/as docentes requeridos para su funcionamiento o suministrar el transporte, de ida y vuelta, para los/as menores de edad que requieran servicios educativos en otro lugar.

Ordena a su vez a la Gobernación del Caquetá que haga un censo de la población en edad escolar que habita en la zona, para establecer las necesidades educativas actuales de la misma, así como también establecer quiénes abandonaron sus estudios básicos y se desescolarizaron durante el tiempo en que en la escuela de La Cabaña no se prestaron los servicios educativos.

Acceda aquí al texto completo de la sentencia

*El personero o personera actúa como Defensor del Pueblo Municipal


OTROS MATERIALES