El derecho a la educación

El Derecho a la Educación está consagrado en una amplia red de tratados internacionales, a empezar por la Declaración Universal de Derechos Humanos del 1948, en su artículo 26. Este reconocimiento ha sido el resultado de una larga construcción histórica signada por luchas y reivindicaciones y por la intención por llevar a la esfera jurídica los ideales de dignidad humana, igualdad y solidaridad.

Durante la segunda mitad del siglo XX, muchos otros instrumentos jurídicos fueron desarrollados que hacían mención expresa a la realización del derecho a la educación, sin discriminación. Es el caso de la Convención relativa à Lucha contras las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966), de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD, 1965), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDI, XXX), de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familias (1990) y de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006).

A nivel regional de América Latina y el Caribe, el derecho a la educación quedó consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también conocida como Pacto de San José de Costa Rica) y el Protocolo Adicional a la Convención en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (conocido como Protocolo de San Salvador), la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (también conocida como "Convención de Belem do Para").

Respecto al contenido del derecho a la educación, el PIDESC prescribió que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Prescribió, además, que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad.

Posteriormente, en las Observaciones Generales 11 y 13 del Comité DESC, se reconoció el carácter multidimensional y multiplicador del derecho a la educación, y se le clasificó simultáneamente como derecho económico, social y cultural, así como derecho civil y político.

“La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos (Observación General 13, Comité DESC);

La Educación “se ha clasificado de distinta manera como derecho económico, derecho social y derecho cultural. Es todos esos derechos al mismo tiempo. También es un derecho civil y un derecho político, ya que se sitúa en el centro de la realización plena y eficaz de esos derechos. A este respecto, el derecho a la educación es el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos” (Observación General 11, Comité DESC).

Los distintos marcos jurídicos afirman que el derecho a la educación solo se cumple cuando esa es universal, obligatoria y gratuita. Además, la obligación del Estado de respetar, proteger y cumplir este derecho debe responder a cuatro dimensiones interrelacionadas: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y adaptabilidad de la educación. Este marco conceptual fue planteado por Katarina Tomasevski, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación entre 1998 y 2004, y adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Comentario General No 13 en el 1999.

Así, el derecho a la educación se cumple si la educación es disponible en el sentido de que haya instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente y en condiciones necesarias; accesible en el sentido de que la educación esté accesible geográfica y económicamente a todos y todas, sin discriminación; aceptable en el sentido de que la educación debe contar con estándares mínimos para maestros y maestras, los estudiantes, las facilidades escolares, el currículum, las relaciones entre los sujetos de la comunidad escolar y la gestión de la escuela; y adaptable en el sentido de que la educación debe tener la flexibilidad capaz de responder a las necesidades de los estudiantes, en sus distintos contextos sociales y culturales.