Qué es la Justiciabilidad

El concepto de justiciabilidad se refiere a la posibilidad de exigir a través de un mecanismo jurídico el cumplimiento o restitución de un derecho, en nuestro caso, el derecho a la educación. La exigibilidad jurídica está condicionada por la existencia de una legislación que garantice el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de un derecho. Estas garantías se refieren a la posibilidad de interponer una denuncia o cualquier otro recurso jurídico frente a los tribunales cuando el contenido del derecho ha sido violado. Para garantizar, respetar y proteger el cumplimiento de los derechos se necesitan leyes que creen mecanismos de reparaciones en caso de violaciones del derecho.

Cabe destacar que la exigibilidad puede ser también política, no sólo jurídica. Esto es, cuando los gobiernos se comprometen con ciertas políticas, los ciudadanos pueden ejercer presión y exigirles que las cumplan. Por eso es tan importante que los/as ciudadanos/as conozcan sus derechos, la legislación que los/las protege así como las políticas públicas y planes de acción que deben garantizar su realización y disfrute efectivo.

La exigibilidad jurídica puede tener lugar en el ámbito nacional, regional e internacional. Existen mecanismos distintos para accionar cada uno de esos tres niveles. El nivel nacional es siempre el punto de partida.

En el ámbito regional de América Latina y el Caribe, el Sistema Interamericano es nuestra referencia e instancia de justiciabilidad. Ya en el ámbito internacional, el Sistema de las Naciones Unidas es la principal referencia de acción.

Cabe destacar, en el marco internacional, una gran conquista para la justiciabilidad del derecho a la educación: la aprobación, en diciembre del 2008, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Una vez que sea ratificado por 10 países, será posible enviar al Comité DESC quejas individuales relacionadas con violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos había tenido la aprobación de un Protocolo Facultativo 42 años antes.

La aprobación y ratificación de pactos internacionales les suscribe a los Estados firmantes tres tipos de obligaciones concretas a las cuales deben dar cumplimiento: El respeto, la protección y la realización de los derechos.

El respeto se refiere a la no obstaculización o impedimento por parte del Estado del disfrute del derecho a la educación. Es una obligación negativa, pues dice al Estado lo que no debe hacer. La protección impone a los Estados Partes adoptar medidas para evitar que terceros obstaculicen el disfrute del derecho a la educación y es una obligación de carácter positivo. La realización, que también es de carácter positivo, se refiere a las medidas que estos deben tomar para cumplir y satisfacer los derechos. Estas medidas pueden ser de carácter legislativo, administrativo, presupuestal, judicial, social, educativas, entre otras.